Marchas vemos, razones aún no sabemos

Dr. Horacio Erik Avilés Martínez

El Ciclo Escolar 2010-2011 comienza este 23 de agosto en nuestra entidad. Ante su inminente arranque, comienzan también las manifestaciones que desde hace dos décadas se repiten periódicamente en el Centro Histórico de Morelia: a gritos, consignas y arengas, cerrando las vialidades.

En particular, la pasada semana, hubieron varias manifestaciones de esta índole que desquiciaron el tránsito vehicular en nuestra ciudad, ya de por sí asolado por los torrenciales aguaceros y la creciente aparición de baches.

Algunos optamos por protestar de otras maneras o simplemente guardamos un prudente silencio. Otros leemos o nos informamos por la radio mientras avanza el contingente. Unos pocos sacian vanamente su impotencia a través del claxon de nuestro auto, sin más remedio que esperar, porque unos cuantos, en el ejercicio de sus derechos de reunión y expresión se han apropiado del derecho de tránsito de la mayoría, una vez más.

En la radio, televisión y en columnas periodistas locales se cansan de criticar esto. En particular, suelen entrevistar a los trabajadores del transporte, quienes unánimemente se quejan, aunque ellos en más de alguna ocasión han incurrido en este tipo de medidas. Pero ¿y la enorme mayoría de los morelianos qué posicionamiento hemos asumido? ¿Autoridad alguna nos ha tomado en cuenta al respecto? ¿Los marchistas se han acercado a consultar la voluntad de los ciudadanos?
Las pérdidas en comercios establecidos son del orden de millones de pesos, por las escasas ventas, imposibilidad de acceder a los locales comerciales y en ocasiones, por los daños materiales que realizan los manifestantes. Por ende, hay quienes ante las marchas cierran sus negocios y dan por concluido el día. La imagen que se brinda a los turistas no es tampoco la más idónea, en una ciudad Patrimonio de la Humanidad, que es secuestrada sin reparar en las consecuencias que ello tiene. Los pronunciamientos de parte de las cámaras de comercio y servicios son reiterados, aunque parecen no tener mayor eco. Las microempresas del centro histórico de Morelia son víctimas cotidianas de problemas que evidentemente deben de tener soluciones alternas. Definitivamente la ropa sucia sí se lava en casa; pero esto no se debería hacer en la sala, en donde recibimos a nuestros visitantes.
Todos sabemos que este tipo de medidas son muy efectivas. Aunque ello ha desencadenado que haya auténticos profesionales de la arenga en el asfalto, quienes han hecho de estas manifestaciones un medio muy eficaz para obtener prebendas. Otros, en cambio, protestan ante injusticias y el silencio de los gobernantes que deberían de atenderlos. A los funcionarios les hacen pagar el costo de su inacción con enormes daños colaterales.
Pero, ¿cómo saber cuáles marchas son legítimas, válidas y cuáles son simplemente, medidas de presión política para llevar agua al molino de alguna facción ante el inminente avecinamiento de tiempos electorales?
Dicho de otra manera: ¿cómo distinguir una reverenda puntada de algún político decadente de una transgresión a los derechos elementales de los sectores más marginados de nuestra sociedad?
Uno de los problemas que hay que enfrentar en aras de lograr una solución integral es que “marchas vemos, razones aun no sabemos”. Por ejemplo, no se ha debatido suficientemente el llegar al punto de preguntarnos todos los morelianos si la marcha, una táctica de guerrilla urbana está agotada, o si aun deberá de rendir frutos para conseguir rápidamente audiencias.

Tal vez todos deberíamos de unirnos para pedir que no se vuelvan a realizar marchas ni plantones. Pero desde diferentes ángulos. Uno de los más apremiantes es el de la transparencia.
En Morelia, la gran mayoría de las marchas las realizan las fracciones magisteriales. En particular, la fracción democrática que encabeza el profesor Jorge Cázares Torres, dirigente estatal de la CNTE. En días pasados le hice la pregunta directa: ¿por qué marchar?

El profesor respondió que no marchan por gusto, sino por necesidad, ya que en muchas ocasiones no les hacen caso. Abunda al respecto: se realizan abusos en contra del gremio magisterial, existen condiciones muy precarias para el ejercicio de su labor profesional, y ante ello realizan pliegos petitorios, en ocasiones se firman minutas, que no se cumplen, o simplemente no se les da audiencia. Me parece que es una postura que en muchas ocasiones parecemos olvidar el resto de los morelianos y los descalificamos sin conocer a fondo sus razones. ¿Pero quién nos informa al respecto? El silencio connivente del gobierno al respecto, o las explicaciones a media tinta son inaceptables.
Sin embargo, las preguntas surgen por racimos:
¿Por qué marchar en horas y días laborables?, ¿cuántas veces hemos contemplado una marcha dominical?, ¿por qué sobre las calles y no sobre las banquetas?, ¿por qué mejor realizan un mitin en una plaza?, ¿por qué no hacen sus marchas y plantones en las oficinas o domicilios de los funcionarios?, ¿en verdad el maestro marchando también está educando?, cuando tienen éxito ¿por qué no publican inmediatamente los acuerdos que se firman?, ¿los acuerdos que firma el gobierno bajo presión tienen validez legal?, etc. Aunado a lo anterior, si los marchistas son profesores, multiplique usted por treinta el número y obtendrá la cantidad aproximada de niños que se han quedado sin clases durante al menos un día.
¿Cómo encontrar el equilibrio, un justo medio en el cual nadie salga perjudicado y todos ejerzamos nuestros derechos en plenitud?
En Michoacán, la fracción del PAN del Congreso Local ya hizo la propuesta de realizar legislación al respecto, para reglamentar las famosas marchas. Ello, hasta el momento, no ha sido bien acogido por el resto de los partidos, argumentándose que sería restringir las libertades ciudadanas. Paralelamente se han hecho propuestas tales como la construcción de un marchódromo, escaparate para las demandas ciudadanas.

El problema es complejo, ya que exhibe los abusos y defectos de un sistema democrático que es insuficiente para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de todos los ciudadanos. Por ello, se requiere de una solución integral y no simplemente borrarlas o reubicarlas de un plumazo.

Creo que parte de la solución radica en eficientizar los procesos de interlocución de la sociedad ante las entidades gubernamentales, ya que la mutua connivencia parece ser el tema común en este tipo de medidas: unos dicen que no se les atiende, otros dicen que jamás se les consultó, pero salvo contadas excepciones, nadie denuncia de manera formal ni exhibiendo pruebas documentales. ¿Habrá manera de lograr responsabilizar a alguien por las marchas? Es decir, que se integren expedientes y se difundan a través de los medios masivos de comunicación y pruebas testimoniales en medios digitales. En la medida en que se obligue al gobierno y a los marchistas a informar las causas, efectos y seguimiento dado a las razones de tales manifestaciones habrá mayores posibilidades de debatir públicamente respecto de su validez y responsabilizar a quienes socavan nuestros derechos de tránsito y trabajo.
Si no tienen justificación ni vergüenza, se habrá de pedir el empleo de la fuerza pública para permitir el libre tránsito sin que la sociedad reclame al respecto, sino que más bien aplauda la medida, como ya ha ocurrido en algunas ocasiones.
Ya es manifiesto el hastío y desesperación de centenas de miles de morelianos que dependemos de las vialidades para trasladarnos y lograr mejorar nuestro estilo de vida.
¿O vamos a tener que entrar en la misma lógica y organizar una marcha general en Morelia para presionar a los actores gubernamentales para que ya jamás vuelva a haber marcha ni plantón alguno? A ellos les hacen caso marchando. Entonces nos marcan la línea para que los ciudadanos nos manifestemos con energía al respecto.

Indudablemente, para este tipo de cuestiones sería invaluable que existieran figuras de participación ciudadana tales como el plebiscito, para poder consultar a la opinión pública respecto a la validez de realizar marchas. Mientras se legisla al respecto, por lo menos, hay que exigir todos, desde nuestros ámbitos de opinión que se nos informe. Qué pasa con las marchas, quién las organiza, cuáles son sus fines, por qué se agotó el diálogo, en qué punto se rompió el trámite, quién es el responsable y cuáles son las pruebas documentales. La condena, repudio y apoyo popular deberán de venir en consecuencia, ya que quienes han decidido ventilar ante la sociedad sus pugnas, deberán de tener la decencia de informar cabalmente a los involuntarios damnificados. Las consignas y arengas no bastan, ni tampoco el número de personas que se amontonan, sino la fuerza que tengan por sí mismas las demandas que realizan. Por ello, hay que comenzar por informarnos a todos con plena suficiencia.

Esto, por supuesto, si se conciben a sí mismos como ciudadanos y no como clase marchista, y se identifican con todos los afectados. El gobierno deberá hacer lo propio al respecto, justificando plenamente su accionar y seguimiento, si es que en verdad nos representa.

Estoy a sus órdenes en erik.aviles@mexicanosprimero.org.